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Estamos ante una obra, publicada por Tirant Lo Blanch, muy completa dirigida a juristas y a profesionales sanitarios, pues desarrolla las cuestiones más relevantes y debatidas sobre la información terapéutica en vía contencioso-administrativa, civil y penal -en éste último caso, adaptada a la reforma del Código penal mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo-, tanto en el supuesto de adultos como menores. Contiene una revisión jurisprudencial muy actualizada en todos los órdenes jurisdiccionales que, por primera vez en la doctrina, presenta las diferentes formas de indemnizar la falta de información en el ámbito clínico ofreciendo una respuesta ante la falta de criterio unificado.

La obra contiene la definición de los elementos o requisitos que deben estar presentes en materia de responsabilidad civil, penal y patrimonial de la Administración pública por asistencia sanitaria, presidida por el criterio de la Lex artis, al que dedicamos una especial atención. Sobre este tema aportamos la propuesta de trasladar, de forma definitiva y razonada, los criterios de imputación objetiva del resultado, ya aceptados en otros ámbitos, al Derecho administrativo, lo que tendrá una repercusión muy acentuada en las consecuencias jurídicas en este campo.

El Abogado Carlos Sardinero es autor de la Tesis Doctoral de Medicina "Responsabilidad por pérdida de oportunidad asistencial en la medicina pública española", Depart. Toxicología, Facult. Medicina, Univ. Complutense. Cum Laude
Carlos Sardinero es autor de la Tesis Doctoral de Derecho "La información y el consentimiento en el ámbito clínico", Universidad Carlos III, con la máxima calificación Cum Laude
Liability for loss of chance in neurological conditions in the Spanish public healthcare system, Gaceta Sanitaria, Vo. 31, nº 1, enero 2017

Carlos Sardinero es coautor del primer Tratado de Derecho Farmacéutico en España.

Los directores y autores de la obra donarán los ingresos derivados de la comercialización de este Tratado a la Fundación del Hospital Sant Joan de Déu, que está trabajando intensamente para la construcción de un hospital de cáncer infantil.

Aunque pueda parecer sorprendente, se trata de un ámbito que hasta el momento se encontraba huérfano de un análisis completo. La obra es el resultado del esfuerzo colectivo de los principales especialistas en la materia y Carlos Sardinero García, Letrado de la firma Sardinero Abogados, es uno de los autores junto con profesionales y catedráticos españoles de primera línea.

Los directores y autores de esta obra coinciden en que el Derecho farmacéutico debe estar primordialmente al servicio de los pacientes, que deben contar con una regulación de los medicamentos que sea eficaz y segura. 

La Audiencia Provincial de Valencia, Sección 2ª, condena al Antesiólogo Juan Maeso Vélez como autor responsable de 275 delitos de lesiones y 4 delitos de homicidio imprudente, a la pena de 1.933 años de prisión, así como al pago de una indemnización a favor de los afectados que supera los veinte millones de euros, cantidad de la que deberán responder las compañías aseguradoras hasta el límite de las sumas aseguradas, declarando, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana respecto de todos los contagios, tanto los ocasionados en sanidad pública como en privada.

Debido a la imposibilidad científica de evitar algunos males, incluso previsibles, por lo que la Jurisprudencia ha configurado la relación contractual médico-paciente como un estricto arrendamiento de servicios, como obligación de medios -que sólo se aproxima al arrendamiento de obra, cuando se trata de cirugía reparadora o estética, en la que se persigue un resultado determinado-, exigiendo al respecto la aplicación de los métodos, técnicas y medios más idóneos para la obtención del fin deseado, cual es la curación del enfermo, pero dicho fin en ocasiones no se consigue alcanzar.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha indicado que la ausencia de consentimiento informado es irrelevante jurídicamente si el daño que sufre el paciente no guarda relación con la intervención realizada. Así lo ha declarado al absolver a la Administración demandada al considerar que el fallecimiento no tuvo que ver con la práctica de una endoscopia de la que no fue suficientemente informado….

La historia clínica es definida como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo de su proceso asistencial. Suele ser el documento de mayor transcendencia probatoria en el momento de juzgar la responsabilidad de profesionales, técnicos e instituciones médicas y, además, tiene un contenido muy sensible y especialmente protegido frente a intromisiones ilegítimas. Por ello, resulta de vital importancia manejarla de acuerdo a la normativa vigente.

El Tribunal Supremo ha estudiado el caso de un paciente que sufría una hernia discal sobre L4-L5, siendo sometido a una intervención quirúrgica en la que se actuó únicamente sobre el disco sito en L3-L4, zona que también se encontraba dañada, según ha quedado acreditado en autos, por una protusión. Ante estos hechos que no resultan controvertidos, el Tribunal Supremo considera que “si bien es cierto que la intervención llevada a cabo por el demandado en el Sanatorio Adaro en 20 de agosto de 1992 lo fue sobre el disco L3-L4 y no sobre el disco L4-L5, no lo es menos que tal disco L3-L4 no era, como se afirma por el actor, un disco sano”. Además, añade que de haberse actuado sobre el disco para el que se programó la intervención “no hubiera cambiado en nada la situación actual del demandante la cual sería la misma, al no traer causa la patología actual del paciente de ninguna de las intervenciones a las que éste fue sometido”.

El demandante sufrió un accidente laboral en el año 1988, resultando con lesiones en la columna consistentes en aplastamiento del cuerpo L2; retrolisis L4 con lesión pedículo derecho y antigua fractura careta articular inferior izquierda, profusión discal global L3-L4 con fragmento extraído foramidal derecho y compromiso radicular L3 y retrolisis L4-L5 con distorsión discal secundaria. Después de una evolución tórpida el paciente tuvo que ser intervenido el día 6 de agosto de 1990 para realización de artrodesis amplia por vía posterior en la columna lumbrosaca, con la finalidad de fijar las vértebras L3, L4, L5 y S1 y evitar desplazamientos que comprometieran la médula espinal. En el postoperatorio inmediato aparecieron paresias en las piernas, dolor lumbar e incontinencia urinaria. Sin embargo, no fue hasta el día 5 de septiembre cuando decidieron someterle a nueva intervención quirúrgica para combatir el hematoma epidural y resto de complicaciones que motivaban la sintomatología.

El Tribunal Supremo absuelve al Insalud y compañías aseguradoras de la demanda por imprudencia profesional médica interpuesta por un paciente y aprovecha para establecer los criterios básicos de imputación que deben presentarse para poder aplicar condenas.

El Tribunal madrileño ha estudiado el caso de un paciente que, para reducir la miopía y el astigmatismo de sus ojos, se sometió a una intervención quirúrgica de Queratotomía Radial, por indicación del Cirujano Oftalmólogo, pero se limitó a ponerle a la firma un documento que dice: “He sido informado de la naturaleza y diagnóstico de mi proceso ocular.

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